SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Vidas suspendidas”‘, una investigación presentada el pasado martes en la capital dominicana, recoge las vicisitudes de descendientes de haitianos en el país caribeño que, según la autora, la venezolana Katerina Civolani, debe admitir el “daño” y reparar a las víctimas moral y económicamente.
En el trabajo se incluyen entrevistas de quince descendientes de haitianos de entre 22 y 43 años a quienes los responsables del registro civil dominicano han negado la entrega de partidas de nacimiento, lo que les impide obtener la cédula de identidad o inscribirse en las escuelas, lograr un trabajo o casarse.
Los entrevistados fueron afectados por una resolución de 2007 de la Junta Central Electoral (JCE), encargada del registro civil local y que prohíbe expedir actas de nacimiento a ciudadanos descendientes de extranjeros que no hayan probado la residencia o estatus legal de sus padres.
La medida fue aprobada para depurar el registro civil de fraudes cometidos en el pasado, sin embargo, defensores de nacionales descendientes de haitianos aseguran que la medida es una herramienta de tipo político para retirarle a éstos la nacionalidad dominicana.
Sin embargo, “Vidas suspendidas” argumenta que “más allá de la dimensión legal” la disposición oficial “ha lacerado la vida de la gente y de sus hijos, colocando en una nebulosa su identidad, su forma de estar en una sociedad que antes les reconoció y que ahora les desconoce”.
El trabajo denunció que la JCE “ha venido negando los documentos de identidad con argumentos como el apellido afrancesado (del solicitante), la nacionalidad haitiana de los padres o el color oscuro de la piel”.
Asimismo, criticó el hecho de que algunos de los denunciantes fueran interrogados por los oficiales civiles quienes, en algunos casos, le solicitaron que fueran acompañados de sus padres, lo que la investigadora tachó de método “discriminatorio” y “arbitrario” utilizado por éstos para entregar o no los documentos.
La investigación recoge historias como la de Jairo Polo, quien necesitaba un acta de nacimiento para fines escolares, y señala que tras dos horas de entrevista y un sinnúmero de preguntas, la oficial que le entrevistó le dijo abiertamente que le entregaría el documento porque: “hablas muy bien el español, no parece que tu viniste de Haití”.
“No sabemos a qué lugar pertenecemos. Es como cuando uno tiene un animal y lo tiene suelto sin su estampa (…). Y ni eso somos; no somos ni animales estampados porque, al no tener esos documentos, no nos conoce nadie” se queja otra de las entrevistadas, Ramona Petión.
Katerina Civolani dijo en declaraciones a Efe que la medida de la JCE “le ha negado el acta de nacimiento a personas que ya las tenían y, por lo tanto, esto ha generado un efecto en las emociones”, de los afectados.
Estas personas, subrayó, necesitan que este daño sea reparado, no solo entregándoles las actas sino desde el punto de vista económico, además, que la JCE admita “que hizo algo mal”.
Hace unos meses el presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que “no regalará” la ciudadanía a persona alguna que no complete los requisitos constitucionales para obtenerla, ni cederá ante “ningún tipo” de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos.
Dichas declaraciones se produjeron poco después de que el Parlamento de Haití aprobó la doble nacionalidad para sus ciudadanos, más de un millón de ellos residentes en la fronteriza República Dominicana, según cifras locales.
EFE
