Costa Rica a juicio en la Corte de DDHH por prohibir fertilización in vitro

Hoy Digital

SAN JOSÉ. AFP. Costa Rica, que se precia de ser referente en derechos humanos, se enfrentará al tribunal interamericano por prohibir la fecundación in vitro, en un caso inédito que divide al país entre los grupos católicos que argumentan defensa de la vida frente al drama de la infertilidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará audiencia oral y pública el miércoles y jueves en su sede en San José, sobre la demanda de nueve parejas que denuncian la violación de sus derechos a la igualdad, a procrear hijos, a decidir y a la salud reproductiva.

La fecundación in vitro (FIV) fue prohibida en 2000 por la Sala Constitucional de Costa Rica, país que da al catolicismo el estatus de religión oficial, al punto que esa doctrina se enseña en las escuelas públicas.

Al prohibir la FIV, la Sala estimó que "el embrión es persona desde el momento de la concepción" y que en esa técnica, tras escogerse los embriones más viables, el resto es congelado, desechado o donado, lo que -aducirán los peritos del Estado- atenta contra la vida.

El FIV "es un tratamiento médico a un problema médico. Hay total incomprensión de lo que se trata. Han sido 12 años de oscurantismo, de retroceso científico. No permitir a las parejas cumplir su sueño de tener hijos es cruel, injusto", dijo a AFP Andrea Bianchi, una médica que se sometió a la técnica en Colombia y tuvo dos hijos, hoy de diez años.

Ante la prohibición, las parejas costarricenses viajan a Panamá, España, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, para el tratamiento, a un alto costo -hasta 12.000 dólares por cada intento en Colombia-, según el Instituto Costarricense de Infertilidad.

"Es una interferencia abusiva y arbitraria del Estado (y) marca diferencias odiosas entre las mujeres; solo las que tienen para pagar el procedimiento en otro país, pueden superar su problema", opinó la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

La FIV enfrenta en el país la oposición de grupos políticos y religiosos que la consideran un aborto múltiple, sobre todo la influyente Iglesia Católica, la que en 2011 hizo una controvertida campaña radial en la cual una niña procreada con esa técnica decía que para nacer varios hermanitos debieron morir.

Hace tres meses, durante una visita de la mandataria a la Santa Sede, el Papa Benedicto XVI le reiteró a la presidenta Laura Chinchilla la "importancia" de "tutelar la dignidad fundamental del ser humano desde el momento de su concepción".

"No conozco una sola familia de clase pobre que tenga esos problemas, son bien fecundos", manifestó el pastor evangélico y legislador Justo Orozco al señalar que la infertilidad es asunto que afecta a la clase alta.

Orozco, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del legislativo, se abstuvo de citar cualquier estudio científico que sustentara su afirmación.

La población está dividida. Según una encuesta de la firma Unimer, publicada en agosto en el diario La Nación, un 55% de costarricenses avala que la FIV se realice en clínicas del país y no haya necesidad de ir al exterior.

"El 15% de las parejas en el país tienen problemas de infertilidad. El derecho a acceder a la técnica no se puede prohibir, sólo Costa Rica y Libia lo hacen, pero sí se puede regular con base en aspectos científicos, éticos, morales, de salud", declaró a la AFP el abogado de las parejas Hubert May.

La defensa señala que muchas de las familias perdieron, por edad, la oportunidad de tener hijos esperando una resolucióm.

Tras recibir la denuncia de las parejas, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, dio al país varios plazos para levantar la prohibición, hasta que, incumplidos -el último en julio de 2011-, elevó la demanda a la Corte.

Para evitar someterse al tribunal y exponerse a una condena, el gobierno intentó en 2011 aprobar varios proyectos de ley que abrieran una puerta a la técnica, pero fracasó en un Congreso dividido y burocrático.

Tras la audiencia, las partes tendrán hasta el 6 de octubre para entregar alegatos finales. El tribunal prevé dictar fallo antes de fin de año, explicó el presidente de la Corte IDH a la prensa extranjera, el peruano Diego García-Sayán.

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