Revisión de firmas garantiza democracia transparente en Ecuador

Quito. De política calificó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Domingo Paredes, la crisis provocada por la decisión de verificar todas las firmas de inscripción para los comicios de 2013 y afirmó que esta medida constituye un punto de inflexión.

  En entrevista con Prensa Latina, Paredes explicó las razones y fundamentos constitucionales de esta acción frente a un fraude inédito que afecta a todo el sistema electoral y de organizaciones políticas, a la propia democracia y el cual, recalcó, no podía pasarse por alto.

Es un punto de inflexión, precisó, porque cierra una brecha muy fuerte de conductas políticas y culturales del pasado, y abre la posibilidad y condiciones para la construcción de nuevas prácticas políticas y culturales transparentes, inclusivas y democráticas.

¿Cómo entender organizaciones políticas que alcanzan legitimidad y legalidad a través de prácticas dolosas?, preguntó.

¿Qué garantía, agregó, tendría el pueblo de que la gestión de sus representantes, de las primeras magistraturas, de la Asamblea Nacional y otros organismos de gobierno territorial, sean para afianzar la democracia, la ética, y orientar su acción al bienestar popular?.

Es un reto, admitió Paredes, pero afirmó que la historia se cambia con retos y sacrificios, y estamos dispuestos a todo en favor de la democracia y la transparencia.

Antes, dijo, como han sugerido editorialistas de varios medios, eso hubiera sido pasado por alto o visto como un problema judicial, y quedaría impune una práctica dolosa que no solo es supervivencia del pasado, sino un daño para el país, ahora y en el futuro cercano.

En la historia de Ecuador, recordó Paredes, los fraudes electorales se han dado en otros terrenos, robo de urnas, quema o falsificación de actas, violencia, y esas viejas prácticas este CNE no puede mantenerlas ni tolerarlas por un principio básico.

Este proceso de transformación democrática, afirmó, comenzó con la Constitución del 2008, debe ser irreversible, y solo podrá serlo en la medida que nuestro pueblo se apropie del mandato constitucional y construya nuevas formas, y prácticas del ejercicio de la política.

Se dice, apuntó, que esta crisis en el sistema electoral y político rompe esquemas en la región, pues en otros países de América Latina existen prácticas dolosas en las organizaciones políticas, pero nunca se han visibilizado ni enfrentado.

Ocurre que el delito mayor, en ciernes, es la usurpación de la identidad de una persona y tratar de imitar o desfigurar su firma para buscar legitimidad de acceso vía electoral a una organización política, lo cual es algo inaudito, enfatizó Paredes.

Estamos frente a un delito nuevo, que no lo habíamos conocido en la historia electoral de Ecuador y posiblemente de Suramérica. Esto se relaciona también con un nuevo tipo de delito, el informático, mediante la venta y manipulación de bases de datos, explicó.

En el proceso de recuperación de los Estados, éstos siguen aún indefensos ante estos delitos informáticos, comentó. Hace tres años ocurrió en Ecuador el robo de la base de datos del Registro Civil, la cual vendían en discos en Guayaquil por cinco dólares, recordó.

Por las personas ya detenidas sabemos que sacaron la base de datos del propio CNE, reveló su máximo dirigente, para entregarlas a delincuentes que después negociaron con organizaciones políticas inescrupulosas, lo cual da la dimensión de un delito de nuevo tipo.

En el caso actual, precisó, se tienen boletas de adhesión a organizaciones políticas que son copias del rol de pago, de nóminas, de instituciones públicas.

Aún más, agregó, los 490 candidatos que se postularon para miembros del CNE, aparecen inscritos en ese mismo orden en alguna organización política, con total desconocimiento de las personas afectadas.

Un elemento adicional, aporta en la entrevista el doctor René Maugé, coordinador del CNE para organizaciones políticas, al relacionar el fraude con el hecho de que el Estado ecuatoriano financia la publicidad de las agrupaciones que intervienen en los comicios.

Pero, acotó, no es solo el importe de las franjas publicitarias de las campañas para todas las organizaciones participantes, sino que a los partidos o movimientos que sobrepasen el cinco por ciento del padrón en los comicios se les da un fondo partidario para sus funciones.

Ese fondo partidario no es pequeño, es millonario, puntualizó Maugé.

Al refutar las acusaciones de quienes impugnan la legalidad de la decisión adoptada por el CNE, Paredes se remitió a la Constitución de Montecristi, aprobada por referendo popular el 2008, y que marca una ruptura en términos del pasado, el presente y el futuro.

En ese marco constitucional, señaló, se puntualizan los deberes que tiene la función electoral, integrada por dos instancias fundamentales: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

Entre las atribuciones que establece la Constitución para el CNE está el "garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley".

Sobre ese mandato, recalcó Paredes, en este proceso de verificación del total de las firmas presentadas por las organizaciones políticas nos proponemos asegurar la transparencia y legalidad de un evento interno de ellas para la búsqueda de su inscripción o reinscripción.

Entonces, puntualizó, apegándonos al numeral cuatro del artículo 219 de la Constitución, se fundamenta la decisión adoptada por el CNE y es la respuesta a los movimientos opositores que señalan no tenemos fundamento legal alguno para ello.

El CNE lo que está haciendo, puntualizó, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la recuperación del sentido de patria y nacionalidad, frente a estructuras financieras y productivas de antaño, que se reflejan en la política y tratan de mantenerse.

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