María Peña/EFE
Washington
El Gobierno empezó ayer el proceso "histórico" para suspender la deportación de más de un millón de estudiantes indocumentados, al aplicar una directriz de Barack Obama que, en pleno año electoral, ha sido vilipendiada por la oposición.
Se trata del programa migratorio más significativo en EE.UU desde 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan promulgó una "amnistía" para tres millones de indocumentados, aunque éstos recibieron la residencia permanente en esa ocasión.
"Para nosotros, para todos los jóvenes indocumentados que hemos trabajado muy duro para este día... es muy histórico, estamos definitivamente celebrando esta victoria, ya que nos hemos organizado mucho, y hemos compartido nuestras historias en público", dijo a Efe Cristina Jiménez, directora de la red "United We Dream".
"Entendemos que tenemos mucha responsabilidad para asegurarnos de que todos los jóvenes indocumentados que pueden solicitar (el permiso) tengan la información correcta y puedan tener todo el acceso a la ayuda necesaria" para tramitar sus permisos, agregó.
Los partidarios de la llamada "acción diferida", que suspende por un período renovable de dos años la deportación de estos estudiantes consideran que es un buen primer paso mientras continúan las presiones para que el Congreso dé una solución permanente a la inmigración ilegal.
La legislación "Dream Act" fue propuesta inicialmente en 2001 y la última vez que se sometió a votación fue en diciembre de 2010, cuando fue aprobada en la Cámara de Representantes y frenada en el Senado por falta de consenso político.
Para Janet Murguia, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), ayer es un "día transcendental" para los jóvenes indocumentados "que no tienen otro hogar que EE.UU, y para todas las personas que han trabajado duro para darles la oportunidad de contribuir a este gran país sin el temor constante de la deportación".
Murguía los alentó a que se inscriban en el programa, que incluye una tarifa de 465 dólares, pero se hizo eco de las advertencias de que los beneficiarios eviten ser víctimas de fraude.
La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reiteró ayer que la directriz, conocida como "acción diferida", no ofrece estatus legal o una vía hacia la residencia permanente o ciudadanía, pero los beneficiarios "no serán deportados de EE.UU durante un período renovable de dos años, y pueden además solicitar un permiso de trabajo".
Pero tendrán que demostrar que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, llevan al menos cinco años de residencia consecutiva, no han cometido delitos graves y no representan un peligro para la seguridad pública o nacional.
Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos.
USCIS revisará las solicitudes "caso por caso", y los que sean rechazados -por fraude o por tener antecedentes penales, por ejemplo- serán referidos a Inmigración para su posible deportación o procesamiento judicial.
Las autoridades aceptarán como documentos validos de su presencia en EE.UU archivos médicos, financieros, y escolares, entre otros.
Aunque el Gobierno desconoce cuántos y quiénes recibirán el alivio migratorio, las proyecciones de centros de estudios migratorios oscilan entre 1,39 millones y 1,76 millones de indocumentados.
