TULARE, California, EE.UU. AP. Las medidas que permiten que cientos de miles de jóvenes que estudian puedan trabajar y estudiar acaparan casi toda la atención de un nuevo programa que aborda aspectos de la inmigración ilegal. Pero no solo los “dreamers”, o soñadores, como se denomina a esos estudiantes, se beneficiarán: también quienes trabajan, sobre todo en el campo, podrían sacar provecho.
“El estereotipo acerca de los jóvenes que pueden acogerse al programa es que tienen que estudiar en la universidad y ser estrellas académicas que hablan perfecto inglés. Por supuesto, eso no es cierto”, comentó Ed Kissam, investigador de políticas laborales.
Un posible beneficiario es Juan Carlos Martín, un mexicano de 23 años que fue traído ilegalmente al país a los 13. Soñaba con estudiar, pero tuvo que comenzar a trabajar a tiempo completo al terminar la secundaria porque su padre sufrió un accidente que lo dejó incapacitado. Alimentaba y limpiaba vacas en un laboratorio de California.
Martín se sorprendió al descubrir que podía acogerse a un nuevo programa federal para jóvenes sin papeles. Trabajadores agrícolas como él dicen que un permiso de trabajo y los beneficios que eso conlleva podrían abrirle puertas que antes estaban cerradas, poniendo a su alcance mejores trabajos, un mejor salario, algunos beneficios y acceso a la universidad.
“Esto puede cambiar mi vida”, comentó Martín. “Vine a este país con el objetivo de estudiar y salir adelante. Pero no puedo hacerlo sin un permiso de trabajo, sin un número de Seguro Social y una licencia de conducir”.
El programa no despeja el camino para obtener la residencia legal ni la ciudadanía.
Más de la mitad del millón de jóvenes sin papeles que pueden acogerse al programa trabajan, la mayoría en ramos que pagan poco, según un estudio del Instituto de Políticas Migratorias.
Para poder acogerse a este beneficio, el inmigrante debe haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, tener no más de 31 años, haber vivido en el país por al menos cinco años y no haber sido convicto de ciertos delitos. El programa abarca incluso a jóvenes que no completaron la secundaria, siempre y cuando se inscriban en cursos educativos para adultos, programas vocacionales o clases de inglés.
Defensores de los derechos de los inmigrantes sin papales dicen que los trabajadores agrícolas y otros jóvenes que no estudian podrían tener problemas para conseguir estos beneficios: falta de información sobre el programa, dominio limitado del inglés y escaso acceso a asesoría legal y a clases para adultos que le permitan satisfacer los requisitos educativos.
Dos tercios de los trabajadores agrícolas son mexicanos, la mayoría sin papeles y con frecuencia jóvenes. Más de la mitad tienen menos de 31 años, de acuerdo con un Estudio Nacional de Trabajadores Agrícolas. Ese informe indica que al menos 54.000 trabajadores agrícolas podrían acogerse al programa.
Jaime Hernández, de 23 años, trabaja en plantaciones de fresas en California por ocho dólares la hora. Un amigo le habló del programa y espera poder acogerse a él.
Hernández cruzó el desierto de Arizona con sus padres cuando tenía 11 años. Abandonó la escuela secundaria para trabajar en el campo y ayudar a su familia. Dice que si consigue un permiso de trabajo, buscará un empleo mejor pagado y volverá a la escuela para estudiar derecho o ingeniería radial.
“Estoy asustado. No tengo dinero para pagarle a un abogado y no sé si me aceptarán la solicitud”, comentó Hernández. “Pero vale la pena intentarlo”.
Para las personas que nunca llenaron solicitudes y que hablan poco inglés, la perspectiva de hacer el trámite para acogerse al programa mete miedo, según Richard Gorman, de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos.
“Nuestra esperanza es que cuando tengan papeles, cuando no teman ser deportados, estos trabajadores hagan valer sus derechos en los sitios de trabajo, se sindicalicen o se quejen ante sus jefes cuando hay problemas”, dijo Gorman.
Algunos agricultores temen que el programa limite la disponibilidad de trabajadores agrícolas. La Liga de Agricultores Nisei recomienda a los trabajadores no acogerse al programa, insinuando que podrían ser deportados si dan su dirección a las autoridades federales.
Otra inquietud: Dado que la solicitud de un permiso de trabajo pide que se informen los números del Seguro Social usados en el pasado, se teme que esa información sea usada para verificar quiénes contrataron trabajadores sin permiso de residencia y hacerlos vulnerables a investigaciones y sanciones, según el presidente de la liga Manuel Cunha.
“Nadie puede sentirse seguro”, sostuvo Cunha.
Las autoridades federales de inmigración han dicho que no usarán la información de las solicitudes para castigar a quienes hayan estado trabajando sin permisos legales. Pero no han dicho si la usarán en contra de sus empleadores o no.
