Madrid, España. Decenas de miles de inmigrantes indocumentados quedarán sin cobertura médica a partir de hoy, tras la decisión del Gobierno español de retirarles la tarjeta sanitaria, como parte de sus severos recortes sociales.
La administración del derechista Partido Popular (PP) aprobó en abril último un ajuste de 10 mil millones de euros en materia de salud y educación, que castigará fundamentalmente a la mayoría social, según denunciaron diversos sectores políticos y sociales.
El decreto sancionado entonces por el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde a una poda de siete mil millones de euros en el gasto sanitario y a otra de tres mil millones de euros en la enseñanza pública.
Se trata de una de las reformas más controvertidas puestas en marcha por Rajoy desde que asumió el poder en diciembre pasado, y con la cual busca cumplir el objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea (UE).
Desde este sábado, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de extranjeros residentes en España es de cinco millones 711 mil 40, de los cuales cinco millones 251 mil 94 poseen el permiso de residencia, de acuerdo con los registros del Ministerio de Empleo. Por tanto, la cifra de ciudadanos "sin papeles" es de 459 mil 946, aunque la mayoría de los foráneos en situación irregular (306 mil 477) proceden de países de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse.
Los restantes 153 mil 469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, a quienes afectará este decreto por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social.
Hasta ahora, estas personas tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria sólo por estar empadronados.
El perfil del inmigrante indocumentado no es aquella persona que acaba de llegar en patera (embarcación precaria), advirtieron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Hay personas que llevan más de 10 años trabajando en España y que con la crisis se han quedado sin trabajo, por lo que no han podido renovar sus papeles, aclararon.
Su exclusión del sistema nacional de salud se encontró con el rechazo de numerosas organizaciones sociales y políticas, comunidades autónomas y miles de médicos que aseguraron que seguirán atendiendo a esos pacientes.
En un comunicado conjunto difundido el miércoles último, las regiones de Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco calificaron de regresivas las políticas aplicadas por el PP.
Dentro de esas medidas retrógradas citaron la retirada de medicinas del sistema de financiación estatal y la implantación de un modelo de aseguramiento ya superado en España, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles y extranjeros residentes en este país.
Para esos territorios, la solución a la crisis no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos, como son la educación y la sanidad, ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos.
Los detractores de la impopular decisión sostienen que el número de extranjeros sin papeles es ínfimo, por lo que retirarles la atención médica ahorra muy poco y reafirma la discriminación.
Para la coalición Izquierda Unida, las restricciones al acceso sanitario para los extranjeros indocumentados violan todas las convenciones europeas, la declaración universal de los derechos humanos y la propia Constitución española.
A juicio de varias asociaciones de defensa del consumidor, la retirada de las prestaciones a los inmigrantes sin un empleo estable es una inmoral perversión, la cual puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos.
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